Multan en $14 millones a empresa de Francisco Javier Errázuriz por supuesta trata de personas

Multan en $14 millones a empresa de Francisco Javier Errázuriz por supuesta trata de personas


La Dirección del Trabajo multó en más de 14 millones de pesos a empresa de propiedad del ex candidato presidencial Francisco Javier Errázuriz, quien se viera envuelto en denuncias de trata de personas.

Lo anterior, luego de que el organismo entrevistara a 16 empleados de la empresa, por denuncias de trata de personas, particularmente de ciudadanos paraguayos.

La investigación reveló que los trabajadores no contaban con visa de trabajo; la empresa no mantenía un libro de asistencia, ni tampoco un contrato laboral que ligara a las personas.

La Ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, señaló de manera enfática que lo realizado por el empresario “es un hecho totalmente condenable”.


Al respecto y por medio de una declaración pública el empresario negó los cargos, asegurando que la institución que dirige no ha logrado contratar a las personas debido a la retención de las cédulas de identidad de sus trabajadores.

Asimismo denunció un escandaloso despliegue policial de la PDI con el fin de presionar a los ciudadanos paraguayos, para que se acogiran a una supuesta protección de testigos.

En paralelo, el fiscal regional jefe de la región de OHiggins, Luis Toledo, detalló que la investigación está en una fase de recabar mayores antecedentes con el objeto de acreditar o descartar la existencia del delito de trata de personas.

El persecutor sostuvo que hasta el momento aún no se ha tomado la declaración del empresario, lo que se llevará a cabo en los próximos días. Respecto a las acusaciones hacia la PDI por parte de Francisco Javier Errázuriz, el Fiscal Toledo negó presiones en las declaraciones de los ciudadanos paraguayos.



A la fecha, 57 de ellos reciben protección y auxilio de la Fiscalía y por lo mismo fueron trasladados desde Pichilemu hasta cabañas ubicadas en Rancagua, donde deberán esperar para poder volver a su país.

El caso es clave para la Fiscalía, ya que con él debuta la Ley 20.503, que entró en vigencia 8 de abril de este año y que sanciona la trata de personas con fines de explotación laboral.

fuente: biobiochile